LEY DE CINE

El anteproyecto de ley del cine elaborado por el Ministerio de Cultura ha enfrentado a las televisiones privadas con los productores independientes, los máximos beneficiarios de la ley. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha tenido que intervenir directamente en la negociación del texto, pero no ha logrado serenar los ánimos de las televisiones, a pesar de las importantes modificaciones propuestas: mantener la vigente inversión del 5% de los ingresos de explotación de las cadenas en cine europeo, sin añadir el 1% que se destinaba a su promoción, y la posibilidad de desgravar un 18% del presupuesto invertido en cine.

Hay otros sectores descontentos con el anteproyecto, como los exhibidores, que no logran que desaparezca la histórica cuota de pantalla que actualmente les obliga a proyectar un 25% de cine europeo, pero son las televisiones privadas las que, con el altavoz de los medios de los grupos de comunicación a los que pertenecen, se han atrincherado contra la ley y han radicalizando sus posiciones, hasta el punto que el Gobierno ha decidido retrasar de momento la tramitación del anteproyecto, poniendo en peligro el compromiso de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, de sacar adelante la ley en esta legislatura.

La ley es una buena ley porque define los sectores independientes y los dependientes en aras de la competencia y la diversidad, procura frenar los abusos que desequilibran el mercado, exige solvencia a los productores para ser receptores de ayudas, contempla incentivos fiscales, se abre a las nuevas tecnologías y prevé la creación de una Agencia Estatal en sustitución del Instituto de Cinematografía (ICAA). Quizás en algunos aspectos se ciña como un guante a los intereses del núcleo duro de la FAPAE, la Federación de Productores Audiovisuales, y restrinja en exceso otros marcos de interrelación o autorregulación entre productores y televisiones, pero eso no justifica el enconamiento de las televisiones.

El organismo que agrupa a las cadenas privadas (UTECA, Unión de Televisiones Comerciales Asociadas) discute la legalidad de la aplicación de la directiva europea que les obliga a invertir el 5% de sus ingresos en cine y aboga directamente por un escenario exento de dicha obligación; es decir, una televisión sin cine español o europeo. Si ayer las televisiones financiaban las películas “en un intento por salvar su alma, como queriendo dar pruebas de inteligencia, libertad y tolerancia”, que decía Fellini, hoy prefieren campar a sus anchas en su averno renegando de las responsabilidades que adquirieron por disponer gratuitamente del espacio público radioeléctrico.

El internacionalismo de las nuevas tecnologías de la comunicación y los cambios en los hábitos de consumo indican que más pronto que tarde desaparecerán las bases sobre las que hasta ahora se ha sustentado la financiación del cine, pero hoy por hoy no habría cine en Europa si no fuera por la financiación de las televisiones y es lógico que éstas se avengan a cumplir sus compromisos, de momento. Y es urgente que así sea, porque la ley llega tarde y puede hacerse vieja a cada hora que pasa.